CASO 1
Vicente López (prov. de Buenos Aires)
El caso de la Asistente Social Nélida Sisini (Centro de la niñez de
Vicente López-Prov. de Buenos Aires) sin título habilitante que envió a un
inocente a prisión por dos años y medio:
La Excma Cámara 1º de apelaciones y garantías en lo penal Sala 3º (Prov de
Bs. As.) Revoca el sobreseimiento y confirma el procesamiento de una persona
que se hacía pasar por asistente social sin tener el título habilitante y
contribuyó a enviar gente a la cárcel.
1.-
El Fiscal pide la elevación el
caso a juicio Oral:
2.-
El juez realiza la elevación a juicio
oral
3.-
Se fija fecha para el juicio oral contra Nélida Sisini por Usurpación de
títulos y honores.
CASO 2
Mendoza ARGENTINA:
El Senado interviene por la psicóloga trucha
La mujer.
Patricia Lara admitió que firmó como psicóloga sin serlo.
Derechos y Garantías recibió al padre que denunció que una jueza del Este
aceptó un informe de la falsa profesional.
SAN MARTÍN– “Está probado que la mujer no era psicóloga y la jueza tendría
que haberlo denunciado inmediatamente”, dijo ayer el senador Oscar Ligonié
(PD) presidente de la Comisión de Derechos y Garantías quien ayer recibió a
Víctor Sosa, el hombre que dice haber sido perjudicado por la falta de
acción de la jueza de Familia de San Martín María Cecilia Rinaldi. Sosa,
quien es parte en un expediente por medidas tutelares, sostiene que la
magistrada no denunció en tiempo y forma la usurpación de título de una
mujer, Patricia Lara, que se hizo pasar por psicóloga en dos expedientes
tramitados en su juzgado. “Hoy Sosa nos presentó documentación que avalan
sus dichos y en la semana próxima seguramente la comisión producirá el
despacho de esta cuestión y la elevará a la Corte”, sostuvo Ligonié. Además
el senador remarcó que “nosotros no intervenimos en las cuestiones de fondo
del caso porque son competencia de la Justicia. Sólo nos tenemos que dedicar
a analizar si se han vulnerado derechos y garantías esenciales”. El
legislador agregó que, en apariencia, “la jueza no hizo absolutamente nada”
después de haber tenido la presunción de que Lara estaba cometiendo un
delito reprimido por el artículo 247 del Código Penal. Por su parte, Víctor
Sosa sostuvo al salir de la reunión que los integrantes de la comisión
“quedaron sorprendidos por la abundante prueba que presenté y pidieron que
incorpore algunos otros elementos que constan en la causa”. Todo el
conflicto ronda sobre el expediente en donde un ex matrimonio intenta
dirimir cuestiones relacionadas con el régimen de visita del único hijo. En
alguna de las audiencias realizadas participó Patricia Mónica Lara, una
mujer que aseguró ser psicóloga y firmó como tal al pie del acta. Resultó
ser que Lara no era psicóloga e incurrió en el delito calificado como
usurpación de título, castigado con hasta un año de prisión y multa. Sosa le
informó esto a la jueza Rinaldi quien, pese a estar obligada por ley, no
habría realizado la compulsa correspondiente. El padre también dice haber
sido afectado por las supuestas medidas arbitrarias, falta de acción y
demoras de la magistrada que le habrían impedido al hombre mantener un
contacto regular con su hijo. Ahora, mientras la comisión analiza si la
jueza no cumplió correctamente con sus obligaciones y merece un pedido de
Jury, la fiscalía correccional de San Martín debe determinar si hay
suficiente prueba para ordenar el procesamiento de la falsa psicóloga. Hace
20 días, en San Martín, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, dijo que
“los medios de prensa no tienen que meterse en cuestiones de Familia porque
las partes están muy exaltadas y dicen cualquier cosa”.
Fuente: Diario Uno Sección: Mendoza Autor: Enrique Pfaab
http://www.earchivo.mendoza.gov.ar/todo.php?idnota=26254
CASO 3: DANIELA LESCANO
Tandil (Prov. de B. As.)
El Colegio de Psicólogos calificó como “dura” la inhabilitación por dos años para Daniela Lezcano
14.02 La presidenta de la institución, Marisa Mayora, consideró que la determinación del Tribunal de Disciplina fue “bastante dura”, al tiempo que advirtió que “ha encontrado pruebas pertinentes” para suspender a la profesional por dos años. También lamentó la publicidad que tomaron ciertos casos de presunto abuso a menores.
Marisa Mayora, presidenta del distrito VIII del Colegio de Psicólogos, confirmó ayer la sanción que el Tribunal de Disciplina de la institución le aplicó a la licenciada Daniela Lezcano, quien fue suspendida por dos años durante los cuales no podrá ejercer la profesión.
Se trata de la psicóloga que acompaña al grupo de padres autoconvocados que impulsa el juicio político al fiscal Luis Piotti, en el marco de varias causas iniciadas por denuncias de abuso infantil.
“Es una resolución bastante dura”, evaluó la titular del Distrito VIII, cuyo Tribunal de Disciplina dictó la determinación, y agregó que no recuerda un antecedente similar de una medida emanada del órgano para con otro profesional.
“Me interesa aclarar que esto no es común, que para que esto se dé hay procesos previos. Primero hay advertencias, hay multas y después se llega a una suspensión de matrículas, que en este caso se le ha otorgado por dos años”, explicó la presidenta.
La licenciada sostuvo que “realmente, ha habido pruebas que el Tribunal ha podido evaluar, que ellos consideran, para que tenga esta resolución”.
En cuanto al fallo, indicó que “la suspensión es por irregularidades en el ejercicio profesional” y argumentó que se trata de faltas a la Ley 10.306, “que rige el ejercicio de la praxis profesional del psicólogo y hay determinados principios básicos que deben cumplirse”.
También informó que en la norma, “hay un código de ética profesional que los matriculados, los profesionales, lo deben conocer o no lo deberían desconocer, y quien falte a estos principios puede ser juzgado, sancionado o multado, de acuerdo a la falta que realice”.
Las causales
La presidenta del Colegio Profesional confirmó que los principios transgredidos que trascendieron a los medios y que habrían motivado la suspensión por parte del Tribunal de Disciplina figuran en la Ley 10.306.
Entre los argumentos que salieron a la luz se destacan el uso indebido e incorrecto de instrumentos de medición y evaluación; ausencia de paradigmas científicos sólidos; haber incurrido en vicios de parcialidad y subjetividad en informes profesionales; dar a publicidad conflictos judiciales que involucran a un menor; desobedecer resoluciones judiciales y arrogarse condición de perito sin serlo, entre otros hechos.
En esta línea, Marisa Mayora destacó que una de las funciones del Colegio es observar el desempeño de los matriculados. “Cualquier persona tiene derecho a realizar una denuncia, una consulta o una duda en función de un profesional, pero también el Colegio es cuidadoso en esto: llama al profesional, evalúa si esto fue así o no, si esto se puede modificar”, precisó.
Volviendo a la resolución que obra sobre Daniela Lezcano, señaló que “no siempre se llega a situaciones tan graves como ésta, pero la función del Colegio es velar por el bien de los matriculados como también de la comunidad”.
Además, se excusó al decir que “más allá de esta sanción, también es mi deber proteger a esta profesional y no dar otra información que no corresponde. Esto tiene que ver con un Tribunal y es algo interno que tiene que ver con la función del Colegio de Psicólogos”.
El alcance de la sanción
En cuanto a los alcances de la resolución, la presidenta explicó que Daniela Lezcano “por dos años tiene -por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde los psicólogos tenemos que estar matriculados en un distrito- la matrícula sancionada, por lo cual no puede ejercer”.
Ante la posibilidad de que pueda trabajar en otros distritos, estimó que en la mayoría de las provincias existen Colegios profesionales y el único lugar que no cuenta con esta institución es Capital Federal.
Volviendo a la pena que se le impuso a Daniela Lezcano, se mostró sorprendida porque “me pareció una sanción importante en este caso. Si bien estábamos en conocimiento, la verdad es que la resolución del Tribunal para haber tomado esta medida, realmente considero que ha sido justo y ha encontrado pruebas pertinentes para poder tomar esta determinación”.
La licenciada Daniela Lezcano le dio difusión al caso de Sofía Gonzalo y, desde entonces, ha aparecido en numerosas crónicas y reportajes en medios gráficos y televisivos locales y nacionales. En esa peregrinación, junto a padres de presuntas víctimas de abuso, cuestionó el accionar de la Justicia y de un importante sector de la comunidad.
En este aspecto, la presidenta del Colegio de Psicólogos lamentó que “es el único caso que está tan mediatizado, que por lo menos en la ciudad de Tandil ha salido a la luz. Esperemos que no haya otras situaciones así”. Fuente Eleco;
El Colegio de Psicólogos confirmó suspensión de matrícula a Lezcano
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